En Lanzarote se ha librado una verdadera batalla judicial, aún no resuelta por completo. A las acciones del Cabildo en defensa de la legalidad urbanísitica se unieron mis denuncias, una de ellas por un intento de soborno.
La reacción del poder económico, político y mediático fue emprender una auténtica cacería contra mí, pretendiendo silenciarme y apartarme de la vida pública.