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No bastaba con las acciones judiciales. Para anularme como denunciante, quebrar mi credibilidad y aislarme políticamente era preciso dibujarme como un corrupto, sembrar sospechas sobre mis denuncias y convertirme en un personaje incómodo para la gente de mi propio partido.
Para ello la mafia de la corrupción urbanística disponía de una auténtica fábrica de mentiras, el grupo de medios Lancelot al que sumaron una pretendida asociación judicial que se encargó de personarse en los procedimientos interpuestos en mi contra e interponer una nueva querella.
Por último, el Partido Popular recurrió a las propias instituciones y me obligó a comparecer en la Comisión del Senado que investigaba la corrupción en los partidos políticos, tratando de acreditar que mi caso se enmarcaba en una trama de financiación del PSOE.
