Imagen
Denunciar la corrupción urbanística en Lanzarote me ha supuesto estar diez años sometido a un continuo y brutal ataque judicial, político y mediático.
Hoy, cuando por fin se han archivado todos los procedimientos judiciales puestos en marcha para silenciarme y como venganza, puedo contar mi historia sin verme señalado como el corrupto en que me quisieron convertir.
Historia de una guerra
Esta es la historia de una guerra de la que fui protagonista contada, inevitablemente, desde mi punto de vista. La historia se enmarca en un conflicto mucho mayor, la lucha de Lanzarote por limitar el crecimiento urbanístico ante el acoso del desarrollismo asociado a la industria turística.
A diferencia de lo sucedido en otros territorios, en Lanzarote tuvimos la suerte de que coincidieran un artista (César Manrique), un político (Enrique Pérez Parrilla) y un urbanista (Fernando Prats) excepcionales, capaces de recoger el sentimiento generalizado de la población, que contemplaba con enorme preocupación el crecimiento feroz que experimentaba la isla, y convertirlo en decisiones políticas consiguiendo que Lanzarote se convirtiera en Reserva de la Biosfera y aprobando el primer Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).
El éxito del PIOT, a pesar de los intentos de desvalorizarlo, fue innegable, pues desclasificó miles de hectáreas de suelo y redujo las camas previstas, cerca de medio millón, a algo más de cien mil. Por citar algún suelo desclasificado de extraordinaria importancia, el PIOT hizo desaparecer los hoteles previstos en una zona de tanto valor paisajístico como Caletón Blanco.
Pero las camas previstas todavía seguían siendo demasiadas, ya que en una primera fase solo se habían desclasificado los suelos que no estaban desarrollados, para evitar el pago de multimillonarias indemnizaciones. Para poder frenar el ritmo de la construcción sin llegar a desclasificar suelos con derechos, a comienzos del año 2000 se aprobó una modificación del PIOT, conocida como Moratoria, que se limitaba a establecer ritmos de crecimiento.
Y ahí da comienzo una nueva etapa del conflicto. Los alcaldes de Teguise y Yaiza continuaron dando licencias, a pesar de la suspensión y los límites establecidos, forzando al Cabildo de Lanzarote a interponer más de una veintena de procedimientos judiciales. Lamentablemente, a pesar de las solicitudes realizadas por el Cabildo, los tribunales se negaron repetidamente a paralizar cautelarmente las construcciones.
Mis denuncias
Los procedimientos contenciosos interpuestos por el Cabildo eran incapaces de frenar la indisciplina urbanística de Yaiza y Teguise. Ambos ayuntamientos estaban operando desde el convencimiento de que mientras se discutía la legalidad de la licencia, se terminaba la obra y se ponía en funcionamiento el hotel y, a partir de ahí, la administración quedaría inerme frente a la política de hechos consumados.
Precisamente por eso, entendí que había que dar un paso más y recurrir al derecho penal e interpuse la primera denuncia, que daría lugar al Caso Yate (por las primeras dos sílabas de ambos ayuntamientos).
Posteriormente, el alcalde de Yaiza concedió una licencia para construir una macrourbanización de más de mil viviendas, lo que dio lugar a mi segunda denuncia, la de Costa Roja.
La tercera denuncia, la que dio lugar al Caso Unión, se produjo por un intento de soborno del que fui víctima y que puse en conocimiento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
En el apartado Mis denuncias puedes encontrar una ampliación a las razones que me motivaron a interponer estas denuncias.
La persecución
La indisciplina urbanística en Lanzarote era fruto de la corrupción generalizada básicamente en los dos ayuntamientos con más potencial de desarrollo turístico.
Como en todo proceso de corrupción, es necesario el concurso de, al menos, tres elementos: el político, el técnico y el empresario. Si uno autoriza, el otro da apariencia de legalidad mientras el tercero paga.
En Lanzarote, más allá de la existencia de políticos concretos que se corrompieron, existía una íntima relación, que se mantiene a día de hoy, entre los señores del suelo y Coalición Canaria, así como con el PIL antes de su práctica desaparición.
Mis denuncias, por tanto, tocaron directamente un núcleo de poder que, además, disponía de un potente aparato judicial y mediático.
A partir de ahí, su objetivo estaba muy claro: privarme de credibilidad, silenciarme y castigarme, para que sirviera de ejemplo y dejar claro quién mandaba en la isla.
Hasta tal punto es así, que la primera denuncia que me interpusieron, la protagonizó la propia presidenta del Cabildo Insular, con el apoyo de Coalición Canaria, por una supuesta «infidelidad en la custodia de documentos», tras haber presentado en la policía la denuncia que dio lugar al Caso Yate.
Pero tras el estallido de la Caso Unión, la situación se hizo insostenible y había que apartarme de la vida pública al precio que fuera, por lo que interpusieron tres nuevas denuncias en mi contra.
Los personajes
Las tramas corruptas, sobre todo si son amplias y sostenidas en el tiempo, se revisten de componentes mafiosos: ley del silencio, recompensa a los fieles, castigo al disidente, compra de voluntades, persecución del adversario, penetración en las instituciones y una clara jerarquía en el mando.
Desde ese punto de vista, puede afirmarse que el entramado de personajes que han protagonizado en Lanzarote los más tristes y repugnantes episodios de corrupción urbanística, constituyen una mafia, tal y como señaló en un lúcido artículo la directora del diario digital más importante en la isla: La Mafia siempre fueron ellos.
La maquinaria
Cuando la corrupción se hace sistémica y pretende sostenerse en el tiempo, no basta con la tríada de empresario, político y técnico y aparece toda una maquinaria capaz de garantizar la impunidad tanto en el ámbito judicial como en el mediático, tratando de mantener ocultos sus comportamientos o convirtiéndolos en admisibles, e incluso elogiables, cuando resulta imposible esconderlos.
Lancelot Medios: la fábrica de mentiras
Para desacreditar a los adversarios y promover a políticos afines, los señores del suelo en Lanzarote han dispuesto de todo un aparato mediático encabezado por el grupo de medios Lancelot.
En particular, Lancelot Televisión se ha beneficiado de contratos realizados con la Televisión Canaria (en la época en que estuvo en manos de Coalición Canaria) que le permitían ingresar en torno a un millón doscientos mil euros anuales.
Ese importante respaldo financiero ha permitido al grupo Lancelot convertirse en la más importante fábrica de mentiras, desde mucho antes de que se popularizara el concepto de las fake news.
A esa auténtica máquina de mentir, se le suma una pléyade de digitales, páginas de Facebook y algunas emisoras locales de radio muy minoritarias en sus audiencias pero muy capaces de influir en la clase política con sus incendiarias tertulias matinales.
La calaña de estos personajes fue retratada de manera genial por Miguel González en su artículo Los Blackwater de JFR.
La Asociación de Juristas Jiménez de Asúa
El nombre completo de este siniestro grupo de abogados es, para mayor escarnio, es Asociación de juristas por la defensa de la legalidad y las garantías del procedimiento Jiménez de Asúa.
Tuvo su origen, precisamente, con el Caso Unión. De repente se personaron y, desde el primer momento, intentaron torpedear la instrucción, llegando a interponer acciones contra una de las juezas que estuvo a cargo de la misma.
Sus intentos de anular las grabaciones y cualquier otra prueba, fueron constantes, hasta el punto de que llegaron a ser expulsados de la instrucción.
Además del Caso Unión, se han personado en otros casos y su modo de operar siempre ha sido el mismo: atacar la instrucción en beneficio de las personas investigadas, siempre relacionadas, además, con el núcleo de poder corrupto en Lanzarote.
El uso espurio del Senado
En el colmo de la persecución, el Partido Popular me citó a declarar en la comisión creada para investigar la corrupción en los partidos políticos. Pretendían situarme como un ejemplo de financiación irregular sin más elementos de prueba que las afirmaciones insidiosas de su portavoz en dicha comisión.
El día anterior y esa misma mañana corrieron por los grupos de whatsapp mensajes con el enlace para que se pudiera seguir mi comparecencia en directo, tratando de amplificar lo que suponían iba a ser un linchamiento.
El fin de la infamia judicial
Las cuatro acciones penales que emprendieron contra mí, al final, quedaron en nada.
La denuncia del Cabildo, por «infidelidad en la custodia de documentos», ni siquiera llegó a superar la admisión a trámite. Mientras, la querella de la Asociación Jiménez de Asúa fue archivada desde los compases iniciales de la instrucción, a pesar de los recursos de la asociación.
La querella de Luis Lleó, sin embargo, tuvo algo más de recorrido, hasta que la Audiencia Provincial ordenó al juez Rafael Lis su archivo.
Por último, la querella interpuesta por los Centros, mantenida viva durante diez años de manera artificial, fue archivada tras la jubilación de Rafael Lis.
A pesar de que quedaron en nada, estas acciones judiciales cumplieron su objetivo: señalarme delante de la población como «otro más» de los políticos con problemas con la justicia. Durante muchos años se refirieron a mí como el multiimputado y me reprochaban que señalara la corrupción urbanística porque yo «también estaba imputado».
Por cierto, esas acciones interpuestas contra mí quedaron en nada, mientras que todas las que inicié yo finalizaron en condenas. Parece razón suficiente, a juicio de la mafia, para mantener a día de hoy la persecución mediática que no ha cesado.