Rafael Lis

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Rafael Lis

Calificar al juez Rafael Lis como «polémico» supone quedarse corto. Sus actuaciones han merecido diversos reproches, llegando alguno de ellos a concretarse en sanciones del Consejo General del Poder Judicial.

La primera sanción

Rafael Lis se hizo acreedor de una primera sanción por no apartarse de una causa en la que figuraba Juan Francisco Rosa. La obligación de abstenerse derivaba de que la mujer de Lis era abogada del conocido empresario.

Para comprender de manera cabal la gravedad de estos hechos conviene observar que se trataba de unas diligencias que se seguían como consecuencia de una denuncia del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, el cual había puesto en conocimiento de los órganos judiciales la desaparición de información relevante del expediente judicial del Caso Unión.

El polémico juez decretó el secreto de sumario pero, de manera totalmente irregular, permitió personarse en las diligencias a algunos de los acusados en el Caso Unión y convirtió las diligencias, en palabras de la Fiscalía, en «una proscrita instrucción de la instrucción». 

Esta irregular manera de actuar le llevó a ser suspendido durante seis meses por el Consejo General del Poder Judicial. Los días previos a que comenzara a cumplir el periodo de suspensión fueron muy productivos para Lis, pues le dio tiempo a tomar varias decisiones cuando menos dudosas:

Dos de esas decisiones, la imposición de fianza y el pase de las Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado, fueron posteriormente anuladas tras los pertinentes recursos. La primera por la juez que le sustituyó durante su suspensión y la segunda por la Audiencia Provincial.

Conviene señalar que, en ambos casos, las diligencias instruidas por Lis culminaron en sendos archivos, unos resultados que, cuando menos, ponen en cuestión su labor como instructor. Pero no acaban ahí las andanzas de Lis.

La segunda sanción

Esta segunda sanción del CGPJ se produce como consecuencia de su intervención en el Caso de los Centros Turísticos y se debe a que dos de los investigados presentaron una queja por desatención o retraso injustificado en la tramitación de diligencias en la causa.

A lo largo de la investigación del Consejo se acreditó que Lis no había tramitado la recusación contra la  Asociación de Juristas Jiménez de Asúa y ni siquiera le había dado traslado al Ministerio Fiscal de la presentación de la expresada recusación. 

Este retraso mereció la interposición de una nueva sanción por parte del CGPJ