Ángel Aguallo Avilés

Junto con su compañero, Ignacio Sánchez Yllera, Ángel Aguallo asesoró entre 2006 y 2008 al empresario Luis LLeó, mientras ocupaban plaza como letrados del Tribunal Constitucional.

En un informe elaborado por la UCO y remitido al Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife, dentro del caso Unión, la Guardia Civil considera que podrían haber cometido una incompatibilidad ya que, al ser letrados de ese organismo, no se les permitían actividades industriales, mercantiles, profesionales o de asesoramiento.

Ángel Aguallo, antes de fallecer, dejó de pertenecer al Constitucional para incorporarse como magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo,

Ambos, que enviaban correos a Lleó desde sus cuentas del Constitucional, llegan a cobrar por ese asesoramiento pero evitando que los pagos se reflejaran directamente, cobrando a través de otras personas.

Asesor fiscal de Lleó

Aguallo habría asesorado a través de un informe sobre la fiscalidad de Costa Roja que firma Ignacio Pérez Royo, inspector de tributos del Ayuntamiento de Sevilla, pero que la autoría intelectual es de ambos, según la UCO. Las facturas por los pagos realizados se enviaron a la abogada María José García Vizcaíno y a Manuel Matamoros. La Guardia Civil detecta, mediante el resguardo bancario, un pago de 75.000 euros a cada uno (de un total de 127.000 que debían cobrar por el asesoramiento), mientras que ese mismo día que se hacen los pagos se reserva para Sánchez Yllera una oficina en el edificio Marina de Naos que Lleó estaba construyendo en la Vía medular de Arrecife.

El asesoramiento se centraba en intentar que la sociedad Residencial Costa Roja sea considerada como sociedad patrimonial cuando ya había tributado en el Régimen general (que pagaría el 40 por ciento de sus beneficios) para tributar menos. Se decide hacer una ampliación de capital e inmediatamente después disolver la compañía, únicamente por motivos fiscales. De hecho en el informe de asesoramiento se reconoce que si la sociedad no se disuelve habría un sobrecoste de 1,7 millones de euros.

La anulación del registro

Los informes de la UCO ya no tienen validez jurídica, pues fueron anulados por la Audiencia Provincial por un defecto de forma. Sin embargo, el juez instructor, Cësar Romero Pamparacuatro, sostiene que los autos anulados no son los originales, que fueron sustraídos o robados y el secretario judicial avala esa consideración.

Cabe preguntarse si la anulación del registro en las oficinas de Lleó no se debió, precisamente, a que entre los correos incautados figuraban los cruzados con Sánchez Yllera y Aguallo Avilés, así como la documentación que comprometía a Carlos Morales, el marido de Alexia de Grecia, la prima de Felipe VI y sobrina de Juan Carlos I.