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Desde que presenté mi primera denuncia, la que dio lugar al Caso Yate, empecé a sufrir una campaña de acoso mediático y político a la que se sumaron acciones de carácter judicial.
Especialmente dura fue la querella se interpuso contra mí desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, firmada por Astrid Pérez, como consejera delegada de los Centros, que se sumó a la denuncia presentada ante la UCO por los mismos hechos por parte de Pedro San Ginés.
Así, la presidenta del Partido Popular y el líder de Coalición Canaria consiguieron mantenerme apartado de la primera línea política durante diez años, con una denuncia que resultó ser completamente infundada.
