El Caso Unión

Enviado por Carlos Espino el
Becerra y Lleó en la cafetería La Unión

El Caso Unión, el mayor caso de corrupción en Lanzarote, nació tras mi denuncia ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de un intento de soborno al que fui sometido.

El empresario Luis Lleó, a través de otro empresario, Fernando Becerra, me ofreció diferentes cantidades para conseguir la recalificación de un suelo de su propiedad en Playa Blanca.

Toma su nombre de la Cafetería La Unión, en la que Lleó y Becerra se reunieron en varias ocasiones. En estos encuentros el intermediario daba cuenta al promotor de las reuniones que previamente había mantenido conmigo, siendo fotografiados en los seguimientos realizados por agentes de la UCO.

Durante casi un año, los investigadores realizaron seguimientos, interceptaron conversaciones telefónica, recopilaron gran cantidad de documentación y grabaron las conversaciones mantenidas en mi despacho con Becerra. 

Este enorme esfuerzo investigador supuso que la instrucción resistió todos los ataques jurídicos y mediáticos que pretendieron el desprestigio del juez, el fiscal y los investigadores, así como el mío como denunciante, e invalidar las pruebas obtenidas.

Lleó pretendía que yo hiciera uso de mi condición de secretario general del PSOE insular y de consejero de la Presidencia en el Cabildo de Lanzarote para que forzara la elaboración de una serie de informes técnicos que le permitieran edificar 1.012 viviendas, 220 locales y 2.559 plazas de garaje al norte del citado núcleo turístico.

Como consecuencia de las escuchas telefónicas de la UCO, aparecieron nuevos hechos delictivos que afectaron a los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza.

Las ramificaciones detectadas llevaron a la detención de más de un centenar de personas entre políticos y empresarios y los hechos delictivos detectados iban desde el tráfico de influencias en el Plan General de Arrecife al cobro de comisiones ilegales.

Un delincuente de altos vuelos con conexiones del más alto nivel con la magistratura

Luis Lleó se rodeó de «los mejores» tanto para eludir o minimizar el pago de impuestos de sus sociedades como para defenderse tras el estallido del Caso Unión, llegando a disponer del asesoramiento de dos letrados del Constitucional.

Los dos letrados ya no pertenecen al Constitucional actualmente. Se trata de Ignacio Sánchez Yllera, que además de magistrado fue jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2005, y hoy es magistrado dela Audiencia provincial de Madrid, y de Ángel Aguallo Avilés, letrado del Constitucional y también de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, cargo que ocupa en la actualidad. Ambos, que enviaban correos a Lleó desde sus cuentas del Constitucional, llegan a cobrar por ese asesoramiento pero evitando que los pagos se reflejaran directamente, cobrando a través de otras personas.

Yllana, además, parece estar al tanto del intento de sobornarme. Según acredita la UCO, Yllera envía un correo a LLeó en marzo de 2008, unas semanas antes de que se iniciara el intento de soborno por parte de Fernando Becerra (como intermediario de LLeó) en el que le dice que “cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo mejor parta ti y para el futuro” y le comenta que “deje que muerda el anzuelo. Le pasará como al Gobernador de Nueva York” (que tuvo que dimitir cuando luchaba contra la corrupción).