Es el momento

Imposible olvidar, por doloroso, el uno de octubre de 2017, con el barco de Piolín atracado en el puerto de Barcelona y la policía actuando de manera totalmente desproporcionada, tratando de impedir a base de golpes lo que no era más que un gesto sin valor jurídico alguno.

Imposible olvidar, por ridícula, la efímera proclamación de la República Catalana, esos 44 segundos del día 10 del mismo mes de octubre, convertidos en carne de memes a pesar de que alguno deliraba imaginando anticipadamente el hueco que se estaba haciendo en la historia.

Cinco años después la sensatez se ha impuesto gracias, fundamentalmente, al esfuerzo cómplice del PSOE y ERC, los actores que más riesgos han corrido, incluso frente a sus propios electorados, en el empeño de devolver la normalidad a Cataluña, lo más importante, y restablecer el clima de entendimiento entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya.

Por parte de ERC han tenido que soportar las presiones del entorno rupturista al que solo le ha faltado, de momento pues todo se andará, equiparar al actual gobierno catalán con el gobierno colaboracionista de Vichy en la Francia ocupada.

Presiones que también ha soportado el PSOE no solo desde la derecha extrema y la cada vez más extrema, sino de sus propia vacas sagradas. El momento de mayor dureza fue, sin lugar a dudas, la concesión de los indultos a los condenados por una descafeinada sedición que no hubo manera de convertir en rebelión, a pesar de los ingentes esfuerzos judiciales, mediáticos y políticos realizados en ese sentido.

Una presión que ahora se reproduce amplificada ante la propuesta de homologar con el entorno europeo esa injustificada, exagerada y anacrónica sedición, con una definición muchísimo más ajustada al relato de los hechos, desórdenes públicos agravados.

En medio de todo este ruido, parece inteligente añadir a la receta el último ingrediente: la modificación del delito de malversación. Una modificación que nace a propuesta de ERC, aunque parece más que probable que la presentación de esta enmienda responda a un discreto acuerdo previo al que no sería ajeno, en absoluto, Sánchez.

Desde el punto de vista de la oportunidad política, elevar el nivel de enfrentamiento que ya supone la reforma de la sedición añadiendo la reforma del delito de malversación es, simplemente, una cuestión de grado.

Coincide esta situación, además, con los cambios normativos propuestos para desbloquear los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, unas medidas con las que hiperventilan las derechas, la política, la judicial y la mediática, contribuyendo a incrementar el nivel de ruido.

Cabe pensar, por tanto, que puestos a atravesar un periodo tormentoso en el debate público, vale más despachar completa la agenda de asuntos conflictivos y que la mera acumulación de conflictos rebaje la importancia de cada uno de ellos por separado.

Una vez más Sánchez demuestra que tiene no solo mayor valentía sino mucho más instinto político que las timoratas vacas sagradas con mando en plaza, que desearían llegar a mayo sin sobresaltos, en el convencimiento de que «lo mejor es no meterse en política» a la búsqueda de un falso centrismo, terreno abonado para el Partido Popular.

Pero más allá de la oportunidad política, también desde el punto de vista social e incluso ético, la reforma del delito de malversación es cuestión debida. Se olvida con insoportable ligereza que ERC, de acuerdo con Sánchez, se limita a volver a la situación previa a la reforma de M. Rajoy de 2015, una reforma ad hoc, realizada tras comprobar que no se podía enjuiciar por malversación a Artur Mas tras la celebración de la consulta independentista del 9-N.

Es decir, quienes acusan a Sánchez de transigir con una reforma a medida, ocultan que la actual redacción del Código Penal en lo referido a la malversación es fruto, precisamente, de una decisión que podría definirse sin exageración alguna como ad hominem.

En este escenario resultan lastimosas las opiniones vertidas por algunos de los popes territoriales del PSOE y periodistas y tertulianos progresistas cuando simplifican de manera burda, dando a entender que con la nueva formulación se permitiría «robar para el partido», consumiendo el discurso de la derecha y permitiendo que sea esta quien establezca las reglas del debate.

En absoluto, la norma propuesta no suaviza en absoluto la malversación con ánimo de lucro porque el destinatario sea un tercero y limita ese tipo atenuado a quien haya destinado fondos públicos a acciones para los que no estaban previstos disminuyendo, que no eliminando, las penas de cárcel y las accesorias de inhabilitación ya existentes.

Además, el elenco de medidas disponibles para luchar contra la corrupción política se enriquece con un tipo que ojalá hubiera estado incluido en el Código Penal desde hace años, el enriquecimiento ilícito. Con esta nueva figura, a partir de ahora será mucho más fácil acreditar los comportamientos corruptos, pues bastará con comprobar que la figura pública afectada ha incrementado sin justificación su patrimonio en más de doscientos cincuenta mil euros.

En todo caso, resulta indudable que el análisis de cualquier decisión política depende en gran medida del marco utilizado para valorarla y de explicitar claramente los objetivos pretendidos. Desde el lado progresista no cabe más que considerar que la reforma del delito de malversación se acomete dentro del empeño de poner fin a un conflicto que nunca debió producirse, apostando por la normalización de la vida política en Cataluña y por facilitar su relación con España.

Permitir que la derecha imponga el marco de que el PSOE pretende favorecer el desvío de fondos públicos y que admite el chantaje independentista para mantenerse en el poder, además de mendaz, es un error de manual.

Porque es justo, porque es oportuno, porque es necesario, es el momento de tomar una decisión valiente y, sobre todo, inteligente.